Ya van tres días consecutivos de bloqueos a las arterias viales mas importantes en la ciudad de Monterrey, por jóvenes civiles, denominados por los medios de comunicación como los “tapados”. Generando un completo caos de nuestra ya de por sí colapsada vialidad. Como resultado de las diferentes investigaciones e intervenciones de los organismos policíacos, se ha hecho público por parte de las autoridades, que los manifestantes reciben alrededor de $300 y $500 pesos, por obstruir las vías de circulación vehicular. Después dijeron, por la detención de uno de los lideres, que estaban dando mochilas con útiles escolares a cambio de la expresión en contra de la presencia del ejército en la entidad, como lo mostraban las pancartas que sostenían los juveniles inconformes. Aldo Fasci, Secretario de Seguridad Pública, declaró a los medios de comunicación que tenían evidencia, que el movimiento era promovido y financiado por la delincuencia organizada.
Si bien es cierto que cuando hay presencia militar, los casos de abusos a los derechos humanos, se incrementan considerablemente, sinembargo es evidente la necesidad de la presencia de las fuerzas armadas, puesto que las operaciones del narcotráfico se han expandido, afectando a todas las esferas sociales, ampliándose gravemente los índices delictivos en todas sus formas.
Será acaso que el narcotráfico, aparte de ejecutar militares y mandos policíacos, estará intentando entrar ahora en el terreno de la “legalidad”?, desde una tergiversada óptica, haciendo uso de la garantía constitucional que establece el artículo 9º., de protestar pacíficamente para tomar parte de los asuntos políticos del país. Claro, este movimiento no tiene nada de pacífico, ni tienen un pliego petitorio, afectando a terceros y los que lo conforman no saben a ciencia cierta que hacen ahí.
Sin embargo, si tienen la información del supuesto respaldo de la delincuencia organizada, los manifestantes deberían ser detenidos e investigados, desde esa tesitura delictiva, con sus respectivas sanciones y no como una simple falta administrativa, puesto que por las pruebas que dicen tener, no es una simple protesta, de tal forma que tiene un fin distinto y grave, mas allá del malestar por la cuestión vial.
Y a todo esto, donde está el ejercito? Los gobiernos federal y estatal desde su respectiva trinchera, no pueden ceder a presiones disfrazadas, tienen que actuar con firmeza, con el uso de la fuerza y los castigos tienen que ser severos, si no también esto se saldrá de control.